Mientras nos entretienen con el mono aullador se firmó el “Acuerdo Federal Minero” que mete la propaganda minera en las escuelas públicas
— Enrique Viale (@EnriqueViale) 1 de julio de 2017
A principios de junio, Mauricio Macri suscribió el “Acuerdo Federal Minero” junto a una docena de gobernadores provinciales: “El acuerdo, que pone fin a años de improvisación y falta de control, propone un desarrollo federal, que es lo que todos queremos. Las provincias que no tienen los recursos para desarrollar agricultura podrán así desarrollar otras industrias”, resaltó el presidente en dicha oportunidad.
La respuesta de las organizaciones sociales y medioambientales no se hizo esperar: advirtieron que el mismo “prioriza la renta económica por sobre dimensiones sociales y ambientales”.
Ahora, en una columna en “Clarín”, la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale volvieron a subrayar las implicancias y los efectos negativos que conlleva el acuerdo.
“Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, apuntaron.
? Sergio Bergman resaltó su trabajo en el área medioambiental: “Estamos terminando con la desidia” https://t.co/wu1937iE9d pic.twitter.com/pW4l7ns1Gz
— Diario BA (@diariodeBA) 3 de julio de 2017
“Ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país”, prosiguieron los especialistas.
“El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos ‘cuidados ambientales’. (…) Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ’90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta”, remataron.
“En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo”, finaliza el escrito que puede leerse completo acá.
