A través de un comunicado, distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas comunicaron el envío de un documento al nuevo obispo castrense, Santiago Olivera.
El pedido, desoído durante todas estas décadas por la Iglesia Católica, es el mismo de siempre: que se “admita la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en la Argentina (1975-1983)”.
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— Diario BA (@diariodeBA) 29 de junio de 2017
En esta línea, le pidieron que resuelva la “apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías”.
“En el marco del enorme repudio que cosechó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos visto cómo algunos sectores – entre ellos los obispos argentinos – pretendieron reinstalar la idea de una ‘reconciliación entre los argentinos’. (…) La jerarquía católica continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense y esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada”.
Por último, pidieron que realicen “pronunciamiento público acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar”.
