El nombre de Luis Muiña quedará en la mente de muchos y, por supuesto, terminará formando parte de los libros de historia: en 2017, y gracias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), pasó de ser un represor “poco conocido” a estar en boca de todos.
? Organismos de DDHH le pidieron a la Iglesia que “admita la responsabilidad institucional” que tuvo en el genocidio https://t.co/4ql2ATYIJa pic.twitter.com/foGiL9szGE
— Diario BA (@diariodeBA) 30 de junio de 2017
El fallo del máximo tribunal en el “Caso Muiña” que le otorgó el beneficio del 2×1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad desató una ola de repudio internacional, leyes para aplacar sus efectos y terminó con una gran movilización de la sociedad argentina.
Un par de meses después, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) de la Capital Federal hizo lugar al pedido de prisión formulado por la fiscal federal María Ángeles Ramos, quien había logrado que la Cámara Federal de Casación revocara el sobreseimiento del acusado por dos homicidios en el Hospital Posadas.
La detención, que ya tuvo lugar, se fundó en el riesgo de fuga y en la consecuente necesidad de evitar la “frustración” del juicio oral en esta causa.
