Poco a poco, el gobierno de Mauricio Macri va afinando y aceitando la puesta en funcionamiento del polémico protocolo “anti-piquetes”.
En marzo y abril, dos meses “calientes” repleto de protestas sociales y sindicales, de mucha movilización en las calles, las autoridades comenzaron a dar pequeños pasos aunque firmes desde lo operativo y discursivo.
Además del “know how” que fueron adquiriendo las fuerzas de seguridad en situaciones como los bloqueos en las autopistas durante el paro nacional por parte de las organizaciones de izquierda, la plana mayor de “Cambiemos” comenzó a justificar estos haceres amparándose en la afectación de los derechos de terceros.
Hace tres meses atrás, tanto Clarín como TN hablaban del “nuevo plan” anti-piquetes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este mismo, decían, incluiría: la prohibición de “taparse la cara, usar palos, instalar ollas populares en zonas que afecten la circulación en el microcentro y el bloqueo de carriles exclusivos para colectivos (Metrobus)”.
Este último miércoles, en la Avenida 9 de Julio, se cumplieron una a una todas las “condiciones ideales” para que se desenvaine el accionar policial.
