Al igual que la CIDH, la ONU vuelve a presionar a la administración de Mauricio Macri para que dé marcha atrás con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.

Esta semana, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la discriminación racial y la xenofobia, Mutuma Ruteere, manifestó “su preocupación por la posibilidad de que el DNU aumente la criminalización y estigmatización de los migrantes“.

Luego de presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe sobre su visita a la Argentina, instó al gobierno nacional a que “reconsidere la adopción de este decreto que debilita los derechos de los migrantes”.

En esta línea, vale la pena recordar la última recomendación del Comité contra la Tortura de la ONU, que días atrás pidió también la derogación del DNU por generar una serie de problemas y preocupaciones:

  1. “Se introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión y dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las personas migrantes”.
  2. “El derecho no asegura que la detención por razones migratorias sea una medida de último recurso, ya que establece la prisión preventiva de migrantes desde el inicio del procedimiento”.
  3. “El Estado debe garantizar el uso excepcional de esta medida y el control judicial efectivo de las órdenes de detención”.

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