Guillermo Badino, en diálogo con Clarín, ratificó la decisión del gobierno de Mauricio Macri y, específicamente, del Ministerio de Desarrollo Social, de comenzar a recortar el beneficio que alcanza a casi 1,4 millón de personas.
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permamentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
“Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, ejemplificó luego.
? “Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo” https://t.co/g2nbK0TqZM pic.twitter.com/troLNMshEZ
— Diario BA (@diariodeBA) 12 de junio de 2017
“En 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido. Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo”, remató.
La noticia comenzó a circular en las redes sociales en los últimos días y, poco a poco, se confirmó: la administración de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comenzó a dar de baja, sin previo aviso, las pensiones a personas con discapacidad.
Desde junio, el área que dirige Carolina Stanley decidió aplicar el decreto 432 de 1997 bajo la presidencia de Carlos Menem que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión: 70.000 discapacitados ya perdieron su beneficio y se estima que, para realizar el trámite de “reincorporación”, se puede tardar hasta un año.
