El pacto, refrendado junto a Mauricio Macri por los mandatarios de veinte provincias, para que se implemente deberá ser aprobado o rechazado en el Congreso de la Nación y, en caso de que prospere, en cada una de las legislaturas provinciales.

Debido a las condiciones para el desarrollo de la minería que implica el “Acuerdo Federal Minero”, consolidando aún más el modelo extractivista en el país, tanto Chubut, como La Rioja y La Pampa se negaron a participar del mismo.

Varias organizaciones ambientales, sociales y vecinalistas se pronunciaron en contra del mismo: entre ellos resaltan la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina.

Estos, a través de un comunicado, advirtieron que el acuerdo “prioriza la renta económica por sobre dimensiones sociales y ambientales”:

  1. Consolida un modelo minero de enclave y netamente extractivista, un modelo obsoleto, ideado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión. 
  2. Pretende acallar y avasallar la resistencia social. 
  3. Profundiza un modelo a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales. 
  4. Mete expresamente la propaganda minera en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. 
  5. Consolida el tope de regalías del 3%, impuesto en los 90′, que las provincias pueden percibir. 
  6. Pretende autorizar actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la Ley de Glaciares. 
  7. Limita la creación de empresas mineras provinciales que habían sido creada para poder percibir mas renta. 
  8. Limita las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas. 
  9. Ni siquiera menciona la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas.

¿Quienes más firmaron el comunicado contra el acuerdo? Asamblea de Chilecito; Asamblea “Jáchal no se toca”; Colectivo Apacheta de Susques, Jujuy; Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Gajat-Ceppas); Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Fundación Ciudadanos Independientes (FuCI) San Juan; Comunidades originarias de la provincia de Jujuy; Maristella Svampa (investigadora Conicet), Tortorolo y Gabriel Arisnabarreta de (Asamblea socioambiental ECOS DE SALADILLO);  Gabriela Ferrer (Red Nacional de abogados de pueblos fumigados); Marcos Ezequiel Filardi (Coordinador del Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho, UBA); Raúl Llobeta (Profesor titular Económica nomina agraria y Extensión rural, UNJU).

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