La escalada del conflicto en Córdoba sólo ha ido en ascenso durante la última semana: tanto la empresa como el gobierno local redoblaron la apuesta ante cada medida de los choferes.
“Hemos intimado a las empresas para que vuelvan a prestar servicio bajo pena de caducidad de las concesiones, esto habilita a seguir enviando telegramas de despido, por eso les vuelvo a repetir que vuelvan a sus lugares de trabajo y le brinden los servicios a los cordobeses”, apuntó el intendente Ramón Mestre en una de sus últimas apariciones públicas.
? Córdoba al rojo vivo por el paro de transporte: marchas, colectivos custodiados y amenazas https://t.co/66XETStDrc pic.twitter.com/uWHE7AcSpA
— Diario BA (@diariodeBA) 13 de junio de 2017
En esta misma línea estuvo la intervención del gobierno nacional. Guillermo Dietrich, actual titular del Ministerio de Transporte, señaló: “Es inaceptable que un grupo minúsculo tome de rehenes a millones de ciudadanos en Córdoba. Esto es el resabio de lo que queremos dejar atrás”.
Pese a ello, las críticas estuvieron a la orden del día. Distintas organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos se plegaron al reclamo de los trabajadores cordobeses e intentaron explicar el nudo central del conflicto y visibilizar la relación que entrelaza al intendente con los dueños de la empresa:
2) Con ayuda de la gestión de Ramón Mestre se quedó con los servicios que brindaba TAMSE y Ciudad de Córdoba
— Fernando Rosso (@RossoFer) 12 de junio de 2017
4) Además, se quedó con el 50% del sistema de recolección de residuos, a través de la empresa LUSA
— Fernando Rosso (@RossoFer) 12 de junio de 2017
“Quieren sentar un precedente gravísimo que afectará a todos los trabajadores. Porque lo que buscan es impedir el libre ejercicio del derecho de huelga. Se trata de una medida claramente ilegal”, remató, por su parte, Myriam Bregman, del PTS e integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
