El represor Ramón Ojeda Fuente, de 71 años, fue condenado en diciembre de 2013 en el marco de la causa “Arsenales II-Jefatura II” a 20 años de prisión por los delitos de asociación ilícita agravada (como autor); violación de domicilio; privación ilegítima de libertad; tormentos agravados; torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía.
El circuito represivo tucumano fue, al igual que en el noroeste argentino, uno de los más sanguinarios de los que funcionó en el país: testigo de ello son la poca cantidad de sobrevivientes en base a los que pasaron por el dispositivo concentracionario.
Condenaron a un año y seis meses de prisión a un represor por golpear a su pareja https://t.co/sIhuL1oD8U
— Fiscales (@FiscalesGobAr) 2 de junio de 2017
Sin embargo, Ramón Ojeda Fuente no es noticia por contar con el régimen de prisión domiciliaria desde el 2014 pese a la atrocidad de los crímenes: es noticia porque, pese a que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº24 le fijó una pena de un año y seis meses de prisión por violencia de género, quedó en libertad.
Según los documentos judiciales, el represor es responsable, además, del delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género”.
Carmen, la mujer que lo denunció por violento, reveló: “Me quitó las ganas de ser mujer, las ganas de vivir”. Durante todo el tiempo que duró el calvario sufrió amenazas de muerte severas, no sólo contra ella sino también contra sus hijos y nietos. En reiteradas oportunidades el hombre la dejaba encerrada dentro del departamento y se iba con las llaves. El pico cúlmine del cinismo, la violencia y el terror fue cuando le afirmó que “sus nietos podían desaparecer”.
En esta caso, la pobre respuesta judicial deja serias dudas en torno al funcionamiento de los mecanismos estatales: en un sólo movimiento, las víctimas del genocidio y del machismo quedaron nuevamente desprotegidas.
- Para mayor información sobre el caso: Fiscales