La administración de Mauricio Macri publicó este último martes el decreto que lleva las firmas del presidente y de la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
La resolución, tal cual consigna Infobae, dispone la creación del “certificado de vivienda familiar”. Este será entregado por la ANSES a los habitantes de 4.100 villas de todo el país.
? Según el GCBA, en abril una familia tipo necesitó $14.949 para no caer en la pobreza https://t.co/JgbfNJkeHD pic.twitter.com/rJ9Qi7nRuP
— Diario BA (@diariodeBA) 22 de mayo de 2017
La decisión se tomó luego del relevamiento realizado en el marco del “Registro Nacional de Barrios Populares”, realizado por las autoridades estatales en conjunto con organizaciones como Techo, Cáritas, y movimientos sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Pese a la confusión que se dio respecto al tema en diversos ámbitos, distintos funcionarios de “Cambiemos” admitieron que el valor del certificado es mas “simbólico” que “económico”: no vale como título de propiedad ni es un reconocimiento catastral (al menos en términos legales) sino que sirve, sobre todo, para regularizar los servicios, como reconocimiento del domicilio y para trámites.
Según los datos que difundieron desde el gobierno, “más de la mitad de los asentamientos (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010”. De 1.340.272 personas relevadas, “el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años”.
