Un informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria y difundido por Página|12, volvió a mostrar las falencias del trabajo de la ACUMAR.

Los datos son más que preocupantes: por los recortes en el Plan Integral de Saneamiento Ambientales (PISA), la atención sanitaria a la población vulnerable que vive en las costas del Riachuelo “se redujo en 2016 más de un 60 por ciento”.

“En 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas, el año pasado se atendió sólo a menos de 13 mil; las dosis de vacunas bajaron la mitad, de 14 mil a 7 mil; y las personas vacunadas bajaron de unas 2.638 a 726”, advirtieron. El hecho es todavía más grave si se tiene en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que instó al ACUMAR a hacerse cargo del saneamiento y a mostrar avances en sus trabajos.

“Estas son algunas de las zonas más vulnerables del país por cuestiones socioeconómicas y además por la contaminación y los problemas de sanidad que implica. Es un lugar en el que tiene que estar el Estado, porque sino la gente no tiene a dónde acudir para acceder a los servicios básicos de salud”, afirmó Nicolás Kreplak, de la Fundación Soberanía Sanitaria.

Para colmo, el problema no se reduce a que los avances sean “más lentos” y las atenciones a la población escaseen: a fines de abril, las cinco ONG que actualmente integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema de Justicia para controlar las disposiciones del organismo público cuestionaron con dureza una resolución que autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.

Estas son: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría de estos químicos y tóxicos fueron prohibidos en la década del 90 e, incluso, algunos ya habían sido vetados años antes.

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