La vida política argentina volvió a conmocionarse en sus cimientos en las últimas semanas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidiera, a través del “Caso Muiña”, otorgarle el beneficio del 2×1 a genocidas.
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— Diario BA (@diariodeBA) 11 de mayo de 2017
El amplio repudio que cosechó la medida en la opinión pública, la masiva e histórica movilización de los organismos de derechos humanos del último miércoles y la premura con la que el Congreso de la Nación votó una ley para enmendar el fallo sacudió al máximo tribunal.
Aunque no se precisaron razones ni tiempo de ausencia, por estas horas se conoció que la vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton de Nolasco, pidió una licencia “oficial” y no estará en el acuerdo semanal del tribunal de la semana.
Vale la pena recordar que la magistrada fue una de las figuras de la Corte que más quedó expuesta tras el fallo: aunque el repudio también se posó sobre Rosenkrantz y Rosatti, los organismos de derechos humanos apuntaron especialmente contra ella por haber borrado con el codo una década de apoyo a las condenas por crímenes de lesa humanidad.
