Una vez más, y retomando el discurso de organizaciones pro-militares y de los mismos condenados en delitos de lesa humanidad, Elisa Carrió pidió la prisión domiciliaria para todos los genocidas que cometieron crímenes atroces durante la última dictadura cívico militar.
Camuflado entre “razones humanitarias”, la referente de la Coalición Cívica (CC) consideró que está mal que “personas mayores estén detenidas en cárceles comunes” e incluso pidió “atender a las víctimas civiles de la guerrilla”.
No es la primera vez que la diputada hace una declaración de este tenor, brindando un panorama simple a una situación mucho más compleja que cuenta con matices y agravantes que subrayan el carácter diferencial en torno a la comisión de delitos de lesa humanidad respecto de delitos comunes.
El intento de igualar las distintas situaciones y meter todo en la misma bolsa no sólo es peligroso sino que forma parte de una estrategia discursiva con horizontes de eficacia política real: igualar los casos de corrupción del kirchnerismo con los crímenes y delitos de lesa humanidad, así como desacreditar a los organismos de derechos humanos que estuvieron vinculados con el anterior gobierno y que tienen un rol activo en los juicios, para habilitar concesiones a las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus condenados.
? Elisa Carrió pidió la prisión domiciliaria para los genocidas y represores mayores de 75 años https://t.co/f44mLtEOyr pic.twitter.com/jOcN9pVmhS
— Diario BA (@diariodeBA) 12 de mayo de 2017
Según la ley de ejecución penal, los jueces pueden – aunque no están obligados – disponer la prisión domiciliaria “cuando el interno tiene más de 70 años, o si tiene una enfermedad terminal, o cuando la privación de libertad le impide un tratamiento adecuado”. Sin embargo, son varios los magistrados que tras evaluar el cuadro real de salud de los detenidos, han ponderado los riesgos de fuga y entorpecimiento de las causas para negar la prisión domiciliaria.
Los datos sostienen este tipo de decisiones: hay decenas de prófugos en causas de lesa humanidad, muchos de los cuales escaparon del Hospital Militar o violaron la domiciliaria.
El 2 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad emitió un informe con un panorama detallado de los juicios, las condenas, los prófugos y todo lo que queda por delante. Los números, en este caso no mienten: el 48% de los detenidos (518) se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y otros 455 se encuentran en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial. El número, para esta población, es altísimo respecto de otras.
Si a esto le sumamos la “lentitud” y “pocos avances” en los juicios por causas de lesa humanidad, el panorama sería desolador y la impunidad sería ley.
