La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quedó en el ojo de la tormenta luego del controvertido fallo que avaló el 2×1 a genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad.
Este lunes, en los tribunales federales de Comodoro Py, el abogado Marcelo Parrilli acusó a los tres integrantes del máximo tribunal del país que votaron a favor de otorgar el beneficio de haber incurrido “en el delito de prevaricato”, esto es el dictado de resoluciones contrarias a la ley. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
? La ONU cuestionó el fallo del 2×1: “Debe tener en cuenta los estándares internacionales sobre lesa humanidad” https://t.co/i51MswteE8 pic.twitter.com/yRUcHzM3yn
— Diario BA (@diariodeBA) 8 de mayo de 2017
Por otra parte, un centenar de abogados en juicios por delitos de lesa humanidad que se reunieron el último viernes y sábado en la Ciudad de Santa Fe advirtieron que el fallo supone un indulto para los condenados y atenta contra los juicios en curso y los que aún deben realizarse porque revictimiza, poniendo en riesgo a los testigos cuyos testimonios son fundamentales para llegar a los veredictos.
En esta línea, y según consigna Tiempo Argentino, “los letrados resolvieron llevar adelante todas las acciones internacionales a los fines de revertir el fallo e instar a los legisladores nacionales, provinciales y locales a que emitan declaraciones o resoluciones de repudio”.
“Entendemos que es una sentencia ilegal, técnicamente incorrecta. No es una sentencia simplemente injusta, es una sentencia que está mal y por eso pedimos el juicio político”, aseveró la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, del “Colectivo Nacional de Abogados Mario Bosch”.
