Luego de varios años de intentos frustrados, finalmente el PRO podrá equipar a la policía como quiere: en las últimas semanas se conoció que la administración porteña gastará casi $127 millones y medio de pesos para robustecer a las fuerzas de seguridad con armamento y equipos sofisticados.
Uno de los ítems que más “inquieta” a los organismos de derechos humanos es la compra de una importante cantidad de “less lethal weapons” o “armas menos letales”. Se trata de carabinas y lanzadores calibre 68 “para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos” que dispararán postas de pintura, goma y gas pimienta.
Sin embargo, desde el gobierno porteño decidieron no dar precisiones. Tal cual señala “Tiempo Argentino”, el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, emitió una resolución en la que especifica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
A través de un comunicado, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), confirmaron la presentación de un pedido de informe para que se precise el “uso específico para el cual están destinadas estas armas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará y cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas”.
“El Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos”, aseguraron.
