Los organismos de derechos humanos, víctimas y hasta el Ministerio Público Fiscal vienen advirtiendo desde hace tiempo de distintas maniobras para dilatar el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la Argentina.
El proceso que se conoce como “Megacausa ESMA” va por su quinto año de audiencias e involucra a 54 acusados y a 798 víctimas. Entre los procesados hay 8 represores que son juzgados por los “vuelos de la muerte”.
→ Denuncian “lentitud” y “pocos avances” en juicios por causas de lesa humanidad https://t.co/u1IJAM0WVV pic.twitter.com/DfqZaHgeww
— Diario BA (@diariodeBA) 11 de abril de 2017
Los fiscales aseguraron a comienzos del 2017 que la causa empezaba a atravesar dificultades que, incluso, podrían “desestabilizar la continuidad y culminación del juicio”. En este tipo de juicios, la rapidez y agilidad del proceso es clave para que se haga justicia; pero de los tiempos regulares del mismo sólo puede encargarse el tribunal y, aunque aseguran que las condiciones procesales y materiales para avanzar están dadas, poco se ha hecho en ese sentido.
En las últimas horas se conoció una nueva traba: se suspendieron hasta el mes de mayo las audiencias por una “licencia académica” que se tomó el juez. “Denunciamos que hay una dilación en la causa ESMA. Esto tiene que ver con el nuevo paradigma que impulsa ‘Cambiemos’ y los jueces escuchan esos discursos”, sentenció Carlos Pisoni, de HIJOS Capital.
En un comunicado, la organización aclaró la importancia de que se avance con celeridad: “Desde que empezó el juicio, más de 10 genocidas murieron o fueron apartados por motivos de salud. Asimismo, hay sobrevivientes y familiares no llegarán a ver una sentencia”.
