Así lo dispuso en las últimas horas el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, que ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan que analice la sangre de más de 300 vecinos de ocho pueblos cercanos a la Mina Veladero.
Vale la pena recordar que este es un largo reclamo de los vecinos y organizaciones socioambientales que fue, en reiteradas oportunidades, silenciado por el gobierno local.
Tras los derrames el Juez Oritja, Ordena lo siguiente:
1- un relevamiento y un monitoreo en toda las localidades… https://t.co/IBh0hQgFpz— Jáchal No Se Toca (@asambleaxjachal) 18 de abril de 2017
“Solicité al Ministerio de Salud Pública la extracción de sangre a los pobladores, en toda las localidades al margen del río Blanco y el río Jáchal, para ver si se ha afectado la salud de esas comunidades. Pedí que se detalle si hay alguna intoxicación con metal y si esa intoxicación es de carácter crónica o aguda. Esa diferenciación nos va a dar el dato de si la presencia en la sangre fue paulatina o si ha sido en forma abrupta, es decir aguda, en un corto período”, aseveró el magistrado.
La búsqueda de rastros de “mercurio, zinc, aluminio, cianuro, plomo, cromo”, entre otros metales que pueden encontrarse, se hará entre los pobladores de “las localidades de Malimán, Malimán de Arriba, Chunguillo, Angualasto, paraje La Isla, Finca Buena Esperanza, La Represa y Dique Pachimoco”.
☠️ San Juan: un juez considera cerrar la Mina Veladero por la reiterada “producción de eventos contaminantes” https://t.co/ew3uvrVVqZ pic.twitter.com/SzhGXx4sAt
— Diario BA (@diariodeBA) 10 de abril de 2017
Jorge Morales, concejal de Jáchal, ya presentó un pedido de ampliación de los estudios y exigió que se realicen junto con personal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) porque “es a la provincia a la que no le creemos”.
El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, también agregó: “Hace mucho que solicitamos esto. La medida es buena, pero tiene que ser implementada por organismos imparciales, sin vinculación con el controlado y el controlante, un Estado que ha tenido una actuación poco correcta”.
Por último, Saúl Zeballos, de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, concluyó: “Los análisis se los habíamos pedido al juez Casanello hace un año, pero quedó sin efecto porque el Juzgado Federal de San Juan no actuó. Oritja se lo solicitó ahora a organismos que pueden estar comprometidos en el ocultamiento de esa información. Necesitamos que quien los realice sea imparcial”.
