En el informe publicado a principios de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad había resaltado la “persistencia de un cuello de botella” que impide un avance “más veloz” en los juicios.
“De las 118 causas elevadas a juicio, solo 7 tienen fijada una fecha de inicio del debate. (…) En cuanto al resto de las causas, 284 (48%) se encuentran aún en etapa de instrucción. Sólo 42 de ellas presentan algún grado más de avance, en tanto el/la fiscal a cargo requirió que la investigación se eleve a juicio. El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio”, advirtieron por ese entonces.
Casi un mes después, en una mesa de diálogo organizada por la misma Procuraduría y de la que participaron abogados querellantes, fiscales, organismos de derechos humanos y representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se reiteró la preocupación por la situación de las causas por crímenes de lesa humanidad.
“El proceso judicial está en estado de emergencia. Así como se declara la emergencia en otras áreas cuando la situación es alarmante, nosotros seguimos reclamando como el año pasado que se declare en emergencia al proceso judicial de lesa humanidad”, aseguró Pablo Llonto según consigna Página|12.
“Faltan jueces y faltan espacios físicos para desarrollar las audiencias. Hay lentitud en las investigaciones y demora en la concreción de los juicios”, agregó con dureza tras pedir la renuncia de Claudio Avru, titular de la Secretaría de DDHH.
