El primer día tras el paro general de la CGT no le trajo buenas noticias a los trabajadores despedidos que ocupan la planta de Pompeya desde enero.
El juez Pablo Casas, subrogante del juzgado contravencional N° 14, confirmó la orden de desalojo que había sido apelada por los abogados defensores.
#Ahora: Así está afuera la planta de AGR-Clarín. pic.twitter.com/OkbEXYTW1K
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Inmediatamente, la policía desplegó un imponente operativo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo la orden del magistrado. Los efectivos es mostraron armados hasta con ametralladoras.
“Ante la llegada de camiones de la Policía Federal a las inmediaciones, los trabajadores que mantenemos la ocupación en defensa de nuestros puestos de trabajo convocamos a sindicatos, comisiones internas, trabajadores y a los medios de comunicación a acercarse a rodear de solidaridad la planta”, advirtieron los trabajadores.
Ahora: habla Pablo Viñas. pic.twitter.com/3fJ6GZe4vM
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Mientras se deliberaban los pasos a seguir, una comisión policial junto al legislador del Partido Obrero (PO), Marcelo Ramal, y la abogada María del Carmen Verdú, ingresaron a la planta para inspeccionar el buen estado de los ocupantes y máquinas.
Las abogadas Claudia Ferrero (Apel) y Verónica Quinteros (Liberpueblo), por su parte, se presentaron en el juzgado con una nota firmada por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y otros representantes de organismos de derechos humanos en la que solicitan una mediación.
Ante el ímpetu policial y la amenaza palpable de represión, los trabajadores despedidos decidieron realizar una asamblea fuera de la planta gráfica e instalar una carpa.
Los trabajadores en Asamblea, resolvieron instalar una carpa fuera de la planta y evitar la represión. pic.twitter.com/qOrEi9xdxB
— No Mataras (@nomataras) 7 de abril de 2017
“Le dimos un mandato a la Federación Gráfica Bonaerense y la CGT reclamándole un paro activo nacional contra el ajuste y contra la represión. A los trabajadores no nos alcanza con un paro”, aseguró Pablo Viñas al dejar la planta.
“Esta lucha sigue con un acampe en la puerta de la planta. Es un cierre fraudulento, ilegal, sólo para despedir a los trabajadores y aumentar la precarización”, denunciaron al igual que lo hicieron durante estos últimos dos meses y medio.
