La comunidad internacional y organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de la Corte de asumir funciones de la Asamblea Nacional.
La Corte Suprema venezolana adoptó las competencias del Parlamento y trató de justificar la decisión en un supuesto “desacato”.
¿Qué implica esto? La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana y el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia — controlado por el chavismo — y la consecuente asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
El choque de poderes venía siendo constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del ámbito legislativo tras 17 años de hegemonía chavista: de ahí viene la decisión de Nicolás Maduro de revocar sus competencias.
#Venezuela ??Alto Comisionado #ONU para #DDHH insta a mantener la separación de poderes en el país https://t.co/n9kXi786qb @UNHumanRights pic.twitter.com/rwA864VFTC
— ONU Derechos Humanos (@ONU_derechos) 31 de marzo de 2017
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una “sesión urgente” sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana: la calificaron como un “autogolpe”.
La ONU, por su parte, expresó su “grave preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional y le pidió que lo reconsidere porque “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”.
“Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos”, aseguraron desde la organización.
