La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó adelante una audiencia “de oficio” para tratar el problema migratorio en la Argentina.
Soc. civil Argentina: el Estado debe respetar compromisos internacionales en materia migratoria. En vivo: https://t.co/OXftLBh772
— CIDH (@CIDH) 20 de marzo de 2017
Luego de tanteos y declaraciones de funcionarios públicos y hasta de diputados de la oposición (como el caso de Miguel Ángel Pichetto), el Poder Ejecutivo decidió en el mes de enero, a través del decreto 70/2017, modificar la “Ley de Migraciones” para endurecer los controles sobre aquellos que ingresan al país.
En ese DNU se instrumentó, entre otros procedimientos, la creación de un “Procedimiento migratorio especial sumarísimo” que habilitará a las fuerzas de seguridad a negar el ingreso y expulsar migrantes con mayor agilidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el endurecimiento de la política migratoria y decidió realizar una audiencia entre las distintas organizaciones de la sociedad civil y representantes estatales para tratar el asunto.
Estado Argentina: subrayamos que todo migrante tiene acceso a la salud, educación y asistencia social en todos los niveles. #CIDHAudiencias
— CIDH (@CIDH) 20 de marzo de 2017
Desde el gobierno nacional, señalaron que “la modificación busca evitar abusos en procedimientos” y que “no altera el espíritu ni los principios de la Ley Migratoria”. “La nación argentina es abierta al mundo y nuestra normativa migratoria actual destaca el aporte positivo de la inmigración”, resaltaron en su presentación.
“Subrayamos que todo migrante tiene acceso a la salud, educación y asistencia social en todos los niveles”, remataron las autoridades argentinas. “No copiamos modelos sino que tenemos uno propio y lo vamos a respetar. La modificación que llevamos a cabo en 2017 lleva regularizadas 48 mil personas en solamente tres meses. Tenemos 42 millones de personas en el país y podemos recibir 40 millones más”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por otra parte, advirtieron: “El proceso sumarísimo de deportación que fija el DNU no respeta el derecho de los migrantes. El gobierno transformó la Ley de Migraciones en una ley restrictiva en materia de derechos humanos”.
“La nueva normativa migratoria persigue y criminaliza a los migrantes en general, y a los más vulnerables en particular. No hay ningún indicador vinculado a un aumento de la población carcelaria extranjera. No hay ninguna emergencia. Los delitos más importantes estaban previstos en la ley. Ahora se agregaron otro tipo de supuestos”, esgrimieron.
Otras organizaciones sociales y civiles que intervinieron en el debate también recalcaron los efectos negativos de la ley: “Con la nueva normativa migratoria nacional se expulsarán personas inocentes. Los migrantes no son responsables por los problemas de seguridad que enfrenta la Argentina ni un motivo de necesidad y urgencia”.
