Con los organismos de derechos humanos en alerta, la CIDH volvió a expresar su “preocupación” en torno a la política migratoria argentina.
Luego de tanteos y declaraciones de funcionarios públicos y hasta de diputados de la oposición (como el caso de Miguel Ángel Pichetto), el Poder Ejecutivo decidió en el mes de enero, a través del decreto 70/2017, modificar la “Ley de Migraciones” para endurecer los controles sobre aquellos que ingresan al país.
En ese DNU se instrumentó, entre otros procedimientos, la creación de un “Procedimiento migratorio especial sumarísimo” que habilitará a las fuerzas de seguridad a negar el ingreso y expulsar migrantes con mayor agilidad.
? El gobierno reformó la “Ley de Migraciones”: controles estrictos en el ingreso y “agilidad” en las expulsiones https://t.co/rLBUxqirtl pic.twitter.com/S5CCzciyFc
— Diario BA (@diariodeBA) 30 de enero de 2017
Distintos organismos de derechos humanos locales advirtieron sobre las consecuencias que esto podría acarrear: “habilitar la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modificar los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada (…) y la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.
Ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien expresó su “preocupación” por el endurecimiento de la política migratoria. “La legislación migratoria de la Argentina fue distinguida por la comisión y puesta ante el resto de la región como modelo a seguir. El giro que se dio ahora ofrece una mirada más restrictiva y preocupante”, señaló Pablo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
En esta línea, confirmó que la misma será analizada en una audiencia “de oficio” que se realizará el 20 de marzo: de la misma participarán miembros de varias organizaciones de DDHH de la Argentina y funcionarios del gobierno nacional.
