En una nota de opinión titulada “Seguridad Interior y Fuerzas Armadas”, el periódico pide un rol más protagónico para las FFAA.

En los últimos años, diversos estudios sociológicos, políticos e históricos convinieron en que la “lucha contra el terrorismo” – impulsada luego de los ataques a las “Torres Gemelas” en septiembre del 2001 – y la ahora tan en boga “lucha contra el narcotráfico” son la nueva punta de lanza de los Estados Nacionales para aumentar los controles, crear “zonas de excepción” y criminalizar cualquier tipo de acción política disidente.

En un nuevo editorial publicado en el diario “La Nación” se vuelve a insistir en dos puntos centrales: por un lado, en desdeñar las luchas democráticas contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y, por el otro, hacer “visibles” las falencias de seguridad en el territorio nacional para así pedir por un rol más preponderante de las FFAA.

“Nuestra ley de defensa, dictada en tiempos de fuerte sensibilidad por los excesos en la represión del terrorismo subversivo y pensada de cara a la Guerra Fría, está cerca de cumplir 30 años, mientras que las condiciones internas y externas han cambiado”, esgrimen en el escrito publicado este 6 de marzo, retrocediendo años las discusiones en torno a la defensa de los derechos humanos y calificando, como lo hacen los represores, de “excesos” a las torturas, vejaciones y desapariciones sistemáticas.

En esta línea, el artículo carga explícitamente contra dos leyes sancionadas durante la democracia para “frenar” a las Fuerzas Armadas en su afán crónico del siglo XX de pergeñar y llevar adelante golpes de estado: la “Ley de Defensa” y la “Ley de Seguridad Interior”.

“En cuanto a la ley de seguridad interior, de 1991, incluye una muestra de total imprudencia, que impide a las Fuerzas Armadas equiparse y capacitarse para desarrollar tareas de seguridad que la propia ley les demanda en dos expresas circunstancias: Estado de Sitio y solicitud de comité de crisis”, se esgrime en el editorial.

Por último, y tras “descartar” que se utilice al poder militar contra los que “cortan calles y avenidas a su antojo”, se señala que se debe actualizar “las normas y optimizarse la estructura operativa y el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas para potenciar su capacidad disuasiva mediante equipamiento moderno y organización para respuestas inmediatas y eficaces ante situaciones de amenazas internas y externas”.

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