En su columna semanal de “Diario BAE”, el periodista Alejandro Bercovich echó luz sobre un tema al que comparó con el escándalo político de Correo Argentino S.A.
La empresa “Ausol”, que concesiona el Acceso Norte, tiene como principal accionista a “SIDECO”, propiedad de la familia de Mauricio Macri. Un informe judicial denuncia que los incrementos tarifarios son “infundados” y que tiene los márgenes de ganancia “más altos del país”.
“El incremento de entre el 60 y el 100% de los peajes de las autopistas metropolitanas, que enfureció a los automovilistas y volvió a meter presión a la inflación, tiene un condimento especial en el Acceso Norte, administrado por Ausol: allí el mayor accionista local es SIDECO, del grupo Macri. Y según un estudio técnico que elevó el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al que tuvo acceso exclusivo BAE Negocios, la suba es completamente infundada desde el punto de vista económico”, escribió el periodista en las páginas del portal de noticias.
“El expediente 8719 de la OCCOVI, que resume en 27 páginas 50 informes redactados por la interventora de Ausol, Laura Andino, asegura que Ausol cubría con creces sus costos operativos antes del incremento de los peajes y que su margen bruto de ganancia promedio (un EBITDA del 58,2%) figura entre los más altos del país”, prosiguió.
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— Alejandro Bercovich (@aleberco) 24 de febrero de 2017
“También denuncia que las pérdidas netas que declaró durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la contratación de contratistas controlados por sus mismos accionistas, con probables sobreprecios y sin licitación, y a intereses que abonó Ausol a prestamistas no identificados que la interventora también intuye vinculados a sus dueños”, agregó Bercovich.
“Las cifras en danza son más impactantes que las del Correo. En 19 años de concesión, según el informe, Ausol facturó u$s 1.747,6 millones y registró una pérdida de u$s 89 millones, pese a que la tarifa se fue actualizando a la par o por encima de la inflación desde 2007 y hoy casi duplica en dólares la de 2001. Por alquiler de zonas de servicio sumó otros u$s 112 millones. En las obras de expansión de los ramales bajo su concesión, sin embargo, apenas invirtió de forma directa u$s 266 millones”, denunció.
Así, entre las obras comprometidas en la concesión y no realizadas y la tarifa cobrada en exceso a los usuarios, la interventora estimó que el Estado debería reclamarle judicialmente a la empresa u$s 350 millones”, concluyó.
- Para leer la columna completa: Diario BAE
