A casi tres años del incendio del galpón ubicado en el barrio porteño de Barracas, la Fiscalía solicitó la indagatoria de 32 personas.
El galpón incendiado en Barracas, cuyo derrumbe causó la muerte de diez bomberos y rescatistas en febrero de 2014, sigue dando que hablar. Hace algunos meses atrás se conoció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvía a “confiar” en Iron Mountain.
El 20 de octubre, en el Boletín Oficial poreño se publicó una resolución del Banco Ciudad que comunicaba “a los señores oferentes la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 22.462 que tramita la ‘Contratación del Servicio de Guarda, Custodia y Administración de medios magnéticos’ (…) a la firma Iron Mountain Argentina S.A., sita en Azara 1245 CABA, por un periodo de 36 (treinta y seis) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”.
La polémica se desató ante lo increíble de la decisión: además de las restricciones legales que pesan sobre la empresa, hasta el domicilio mencionado es el mismo donde funcionaba el galpón siniestrado.
Ahora las novedades son judiciales: según cuenta “Nueva Ciudad”, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de treinta y dos personas involucradas en el incendio.
Entre los más resonantes se encuentra la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi . Según informaron, el primero “se hallaba obligado a verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad” y, por ello, “obró un modo sumamente negligente y con una grave impericia en el desarrollo de su actividad”. El segundo, por otro lado, “ocupaba el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos y, consecuentemente, también el de Presidente del Consejo Ejecutivo del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones”, por lo cual “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas”.
También se requirió la indagatoria de Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Grazian, todos de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
