A lo largo de las últimas semanas, los distintos organismos de derechos humanos emitieron sus dudas y críticas en torno a la resolución gubernamental.

  • Se cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión
  • La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal.
  • Se restringen derechos humanos sin ningún control parlamentario y se establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos. Además, se está haciendo por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos.
  • Los datos producidos por el Ministerio de Justicia de la Nación sobre la totalidad de la población carcelaria argentina muestran que las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representa sólo el 10% del total de presos. Ese porcentaje engloba tanto a personas que cometieron delitos graves de narcotráfico utilizando la violencia como a “mulas” o pequeños vendedores, personas pobres que también son víctimas de las redes de narcotráfico. Por otra parte, del total de las personas detenidas por drogas en todo el país, el 83% son argentinas y el 17% son extranjeras. Si los datos no se presentan sesgados, la incidencia de extranjeros baja a la mitad.

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