El Poder Ejecutivo publicó este lunes el decreto 70/2017 que modifica la “Ley de Migraciones” para endurecer los controles sobre aquellos que ingresan al país.
La tan anunciada modificación gubernamental busca imponer controles más estrictos para evitar que extranjeros que hayan cometido delitos en su país de origen ingresen u operen en la Argentina.
En esta línea, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó la creación de un “Procedimiento migratorio especial sumarísimo” que habilitará a las fuerzas de seguridad a negar el ingreso y expulsar migrantes con mayor agilidad.
Tal cual se lee en el artículo 29 de la nueva norma publicada en el Boletín Oficial, no podrán ingresar a la Argentina “las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes – tanto en el país como el exterior – por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad o delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
Asimismo, estará vedado el ingreso a quienes estuvieron “involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución”.
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— Diario BA (@diariodeBA) 26 de enero de 2017
Según se detalla en la normativa, las mismas causas podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.
A partir de ahora, la Justicia deberá notificar a la Dirección de Migraciones sobre “todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido”.
En la justificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU), las autoridades esgrimieron que se trata “una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”.
Por ello, subrayaron la independencia que cada Estado tiene sobre “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y que la misma se ve actualmente dificultada “por la duración de los procesos administrativos y judiciales” que podían “llegar a los siete años de tramitación” para expulsar a alguien del país.
- Para leer el decreto completo: Boletín Oficial
