Entre jueves y viernes, las autoridades terminaron de cerrar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que saldrá esta semana.
Pese a que no se conoce por completo el texto del decreto al que Mauricio Macri le dará luz verde para endurecer los controles migratorios, ya resuenan las defensas y las críticas.
Según fuentes gubernamentales, el DNU ya está terminado: el jueves y el viernes terminaron de cerrar el escrito y el presidente le estampó la firma.
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La titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó de modo general los ejes de la iniciativa: “Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida, es decir, en un plazo de tres meses; y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia”.
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Por otra parte, el director de Migraciones, Horacio García, sostuvo: “Se acabaron las excusas: hay obligaciones para los tribunales de informar las condenas y para nosotros, para actuar”.
“Hay una reducción de los plazos admnistrativos para evitar la mala experiencia de Marco Antonio Estrada González, el ciudadano peruano que manejaba el negocio de la droga en la villa 1-11-14 y vivía en un barrio cerrado en Ezeiza. Cuando se le compute un delito a un extranjero en el país, automáticamente se le revocará la residencia”, remató.
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Pese al entusiasmo de “Cambiemos”, distintos organismos de derechos humanos lanzaron duras críticas contra los controles migratorios que quieren introducir por decreto.
“El gobierno nacional modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia. El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado.
“El texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes. Su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley. La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal”, remataron.
“Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso estará dando señales graves: restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos. Además, lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos. Como ya ha ocurrido, esto evidencia un claro déficit democrático”, concluyeron desde el organismo.
