En medio de una serie de decretos y medidas que prepara el gobierno para endurecer los controles migratorios, más de 130 organizaciones vienen denunciando sus limitaciones.

“En diferentes intervenciones de los últimos días, funcionarios del Gobierno Nacional insistieron en responsabilizar a las personas extranjeras por el narcotráfico en nuestro país. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria, que viene siendo anunciado por el gobierno desde hace semanas”, aseveraron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado.

“Los datos que la ministra mencionó en radio y TV fueron utilizados para presentar una incidencia mucho mayor de los extranjeros en delitos relacionados con drogas que en otros delitos. Para ello afirmó que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6% de la población carcelaria, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33%. Sin embargo, no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población carcelaria argentina, mientras que el segundo sólo al Servicio Penitenciario Federal. Al comparar dos universos distintos, presentó un panorama recortado y exageró el impacto de los extranjeros en la problemática”, advirtieron.

“Los datos producidos por el Ministerio de Justicia de la Nación sobre la totalidad de la población carcelaria argentina muestran que las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representa sólo el 10% del total de presos. Ese porcentaje engloba tanto a personas que cometieron delitos graves de narcotráfico utilizando la violencia como a “mulas” o pequeños vendedores, personas pobres que también son víctimas de las redes de narcotráfico. Por otra parte, del total de las personas detenidas por drogas en todo el país, el 83% son argentinas y el 17% son extranjeras. Si los datos no se presentan sesgados, la incidencia de extranjeros baja a la mitad de lo que afirmó la ministra”, explicaron.

“¿De cuántos extranjeros hablamos? Se trata de 1426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de extranjeros del país. Esta ínfima población es la que está siendo agitada por el gobierno como un problema mayúsculo que requeriría modificar por decreto la ley de Migraciones y restringir derechos para todos los migrantes”, subrayaron desde el CELS.

“Si la preocupación del gobierno se centra en la participación de los extranjeros en el narcotráfico, no se precisa modificar la normativa ya que la actual ley de Migraciones da las herramientas que permitirían limitar la residencia de una persona que cometió ese tipo de delito. La estrategia, en cambio, parece ser la estigmatización a las personas migrantes para justificar la reforma inconsulta de una ley sancionada por unanimidad, producto de amplios consensos y promovida por distintos actores políticos”, remataron.

  • Para leer el comunicado completo: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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