El decreto 228/2016 fue prorrogado por el presidente por un plazo de 365 días, según consta en la publicación del Boletín Oficial.
Las leyes de “emergencia” están lejos de ser un patrimonio exclusivo del gobierno argentino: hoy por hoy, por ejemplo, están vigentes en buena parte de los estados europeos y también en los latinoamericanos.
Las implicaciones son más graves de lo que parece y la ecuación que utilizan las autoridades para implementarlas se basan en la misma fórmula: ante un “peligro x” (terrorismo, narcotráfico, inundaciones, pobreza, etcétera) se necesita crear un cierto espacio legal en donde se pueda hacer modificaciones rápidas del código y de los procedimientos penales.
Como suele suceder en casi todos los casos, estos instrumentos se muestran incapaces de afrontar nuevos problemas o de aportar soluciones sino que intensifican la adopción de distintas medidas violatorias de libertades individuales y colectivas (mayores controles, espionaje, presencia policial en lugares inhabilitados para ello y demás).
? Mauricio Macri: “Si una persona tiene antecedentes penales en otro país, acá no es bienvenido” https://t.co/K7zapihzm4 pic.twitter.com/GRl6FzRcYm
— Diario BA (@diariodeBA) 17 de enero de 2017
Esta vez, el presidente Mauricio Macri y junto a la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron prorrogarla declaración de la “emergencia en seguridad pública” por un plazo de un año.
El decreto 228/2016, que también lleva la firma de ambos funcionarios, enumera las distintas iniciativas y programas que se tomaron “en el marco del régimen excepcional”.
Allí se destaca “la lucha contra el narcotráfico” como “uno de los objetivos centrales del gobierno nacional”, que se expresó en acuerdos con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; así como también los “compromisos operativos; instrumentales; para la prevención y el abordaje integral de las adicciones; para garantizar la transparencia; de cooperación con la justicia y el Poder Legislativo y para la participación de la sociedad civil”.
Según figura el texto oficial, la declaración de emergencia estuvo motivada “por la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado, tales como el impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados”.
