Pese a las recomendaciones de la OMS, las denuncias de cientos de pueblos fumigados y organizaciones socioambientales, los distintos gobiernos hacen oídos sordos.
Son varios los especialistas y científicos que advierten en torno a los peligros para la salud del uso de agrotóxicos, la base del boom agroindustrial y de la sojización en la Argentina.
Pese a ello, los distintos gobiernos y funcionarios de todos los signos políticos miran para el costado: nadie se anima ir en contra de la gallina de los huevos de oro, aunque esté en juego la vida de cientos de miles de personas.
En marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tras un año de investigaciones que el glifosato puede provocar cáncer en humanos: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, advirtieron. El herbicida, además, “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. Según los científicos, cinco pesticidas químicos usados como insecticidas y herbicidas – glifosato, malation, diazinon, paration, y el tetrachlorvinphos – resultaron ser cancerígenos.
Andrés Carrasco, médico argentino especializado en biología molecular y en biología del desarrollo que murió el 10 de mayo del 2014 pasó los últimos años de su vida luchando contra el gobierno, el establishment científico y las corporaciones tras haber confirmado los efectos devastadores del glifosato.
“La gente sufre y los científicos se vuelven empresarios o socios de multinacionales. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, señaló Carrasco en varias entrevistas.
Recién ahora la Justicia esboza algún tipo de reacción: el fiscal federal Fabián Canda, del fuero Contencioso Administrativo de Capital Federal, solicitó a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal el dictado de una medida cautelar que busca suspender el uso del agrotóxico glifosato para fumigaciones aéreas.
Además, en su pedido, establece una zona de protección para la población de 5 kilómetros de ese herbicida en el caso de las fumigaciones terrestres.
“Los informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato. Ignorarlos es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces”, argumentó en el escrito.
? #Gualeguaychú está en alerta: el promedio de casos de cáncer diagnosticados casi triplica la media nacional https://t.co/MIqZErmV4J pic.twitter.com/rOFBWjd3qM
— Diario BA (@diariodeBA) 15 de noviembre de 2016
Pocos tienen conciencia de la magnitud de la contaminación y los efectos nocivos que los agrotóxicos infunden en el medioambiente: en octubre de 2015, a través de un estudio realizado por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata se constató que el cien por ciento de los algodones y gasas estériles contienen glifosato o AMPA, suderivado.
“El resultado de esta investigación es muy grave. Cuando uno utiliza algodón o gasas para curar heridas o para uso personal higiénico, lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados con una sustancia cancerígena”, señaló el pediatra Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Losdatos brindados por el periodista Darío Aranda, en MU, son concluyentes: en la República Argentina “se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, volcando a los suelos más de 300 millones de litros de glifosato cada año. Los campos de soja transgénica, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos”.
