Pese a los argumentos que esgrime el elenco gubernamental para vetar leyes que demanden dinero del Estado, el gobierno titubeo en prestarle plata a la distribuidora eléctrica.
Edesur y Edenor están, desde hace años, en el ojo de la tormenta: los usuarios vienen sufriendo cortes continuos del servicio y, pese a recibir subsidios millonarios durante el kirchnerismo, jamás invirtieron en la renovación de material y obras de infraestructura.
Los favores que se granjean, sin embargo, van más allá del color político. Aunque Mauricio Macri y compañía pregonen un “achicamiento” del Estado y desfinancien áreas importantes de la vida de la población, en los últimos días convalidaron un préstamo millonario para la distribuidora eléctrica que se ocupa del noroeste del Gran Buenos Aires (GBA) y el norte de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno decidió evitar que la mayor área de distribución energética del país se quede sin concesión: para ello, le otorgó a Edenor a trvés de Camessa la suma de 1.300 millones de pesos.
Según confirmaron en un comunicado que repone “Nueva Ciudad”, “utilizarán el crédito como ajuste contable que volcarán al balance de los 12 meses correspondientes a 2016 y de este modo se disipará la posibilidad de disolución societaria y la eventual pérdida de la concesión que pesa sobre las operaciones de la empresa desde hace tres meses”.
Luego de ello, Edenor “deberá devolver el dinero en varias cuotas y una vez que lo disponga en Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y que la Justicia defina, con un fallo de fondo, la situación de las tarifas energéticas”.
