Sin importar las restricciones legales que pesan sobre la compañía, el Banco Ciudad le preadjudicó un contrato por tres años para guardar su documentación.
El 20 de octubre, en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se publicó una resolución del Banco Ciudad que “comunica a los señores oferentes la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 22.462 que tramita la ‘Contratación del Servicio de Guarda, Custodia y Administración de medios magnéticos’ (…) a la firma Iron Mountain Argentina S.A., sita en Azara 1245 CABA, por un periodo de 36 (treinta y seis) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”.
La polémica se desató ante lo increíble de la decisión: además de las restricciones legales, hasta el domicilio mencionado es el mismo donde funcionaba el galpón incendiado cuyo derrumbe causó la muerte de diez bomberos y rescatistas en febrero de 2014.
Ahora, el Banco Ciudad le confiará la guarda y custodia pese a que la empresa multinacional debería estar inhabilitada para presentarse a licitaciones según lo determina la ley 265 de Seguridad e Higiene de la Ciudad de Buenos Aires.
“La decisión es increíble y apresurada. Hay que recordar que las autoridades de la empresa están querelladas por el delito de estrago seguido de varias muertes”, señaló Miguel Arce Aggeo, abogado de los familiares de las víctimas de la tragedia de Barracas.
“Cuando hubo una clausura se infringe la ley 265 si el Estado contrata a la compañía sancionada durante el año siguiente. Según el artículo 19, inciso E de la norma, el empleador quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas y suspendido en el registro de proveedores o aseguradores del estado si cometió infracciones graves o muy graves”, sentenció Edgardo Castro, ingeniero e inspector de la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
