El organismos de derechos humanos pidió el juicio político y el apartamiento de funciones de Fabián Uriel Fernandez Garello.

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La presunta participación en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar motivó a la Comisión Provincial por la Memoria a brindar nuevos datos y pedir el juicio del fiscal general de Mar Del Plata.

El organismo, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, aportó nuevos documentos que involucran al funcionario en dos causas: una en la que se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y, en la segunda, el secuestro y tortura de militantes del Partido Comunista.

Al momento de los hechos, el fiscal se desempeñaba como sub inspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Allí “donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal”.

“Un examen de las 17 acciones de inteligencia del actual fiscal general de Mar del Plata registradas en el archivo de la DIPPBA permite identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial. En este material aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. Estas acciones forman parte del proceder de la DIPPBA que operó como una suerte de policía política del estado terrorista”, señalaron.

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