La Cancillería confirmó la negativa a avanzar en un juicio contra Gran Bretaña, iniciado en 1987 por la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas.
A través de un documento de 110 páginas, el gobierno desestimó avanzar en un juicio contra Gran Bretaña por crímenes de guerra, torturas y por el hundimiento del Crucero “General Belgrano”.
Según lo comunicado por la Cancillería, basó su postura en un acuerdo firmado durante la presidencia de Carlos Menem y al que también remitió la cartera que dirige Susana Malcorra tras su reciente encuentro con el vicecanciller inglés Alan Duncan para relanzar las relaciones entre ambos países.
? Ex combatientes de #Malvinas denuncian #Malcorra: “Este camino favorece los intereses británicos” https://t.co/yn0EvPtIQ8 pic.twitter.com/8DafQChdyv
— Diario BA (@diariodeBA) 11 de octubre de 2016
En esta línea, plantearon que “no puede sentenciarse la inconstitucionalidad de la declaración de Londres y Buenos Aires firmada en 1989 (el llamado acuerdo de Madrid), que dejó en un paréntesis el tema de la soberanía para que ambos países avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en torno a las islas. En ese acuerdo, cada parte se comprometió a no imponer demandas contra la otra”. Asimismo, advirtieron que “sería muy negativo el impacto” para el acuerdo sellado entre las partes.
Los familiares de las víctimas y organismos que presentaron las denuncias señalaron que “la Convención de Viena está por encima del acuerdo de Madrid”, lo que “les da el derecho a enjuiciar al Estado productor del daño para lograr una reparación”. Sin embargo, aclararon que no tienen posibilidades de avanzar si el propio Estado argentino no avala sus planteos.
