Sindicatos, padres y profesores critican la evaluación nacional “Aprender 2016” que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.
La misma se realizará el próximo martes a más de 1,4 millón de alumnos de 3° y 6° grado de la primaria y los de 2° o 3° y 5° o 6° año de la secundaria.
Según el titular del Ministerio de Educación, Esteban Bullrich, las pruebas se tomarán “en más de 30.000 escuelas de todo el país, colaborarán 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes aplicadores”.
Los gremios docentes fueron los primeros en poner el grito en el cielo: desde la UDA alertaron sobre la nula participación de docentes ni representantes del sindcato en la elaboración de la evaluación. “No tiene en cuenta el contexto ni las condiciones de aprendizaje de los alumnos considerándolos como simples objetos de estudio y no como sujetos de aprendizaje”, aseguró Sergio Romero, titular del gremio.
Aprender es una evaluación que se llevará a cabo en todo el país, que nos ayudará a mejorar la calidad educativa. https://t.co/FgGaPNP2nQ pic.twitter.com/7MqK23eInT
— Educación y Deportes (@EducacionAR) 4 de octubre de 2016
“Este tipo de exámenes tienen un carácter meramente censal, que reduce el concepto de calidad educativa sólo a resultados que reflejan una realidad educativa totalmente sesgada. La evaluación debe ser comprendida como parte integral del proceso formativo y no como un fin en sí mismo ni como una simple tabla de medición”, agregó con dureza.
Las mismas críticas partieron de Suteba: “Las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje nunca evalúan todo lo que se aprende, porque siempre se realiza un recorte intencionado del currículo”, afirmó Roberto Baradel.
“Lo deseable sería tener en cuenta la relevancia social de los saberes, el contexto del alumno, de la escuela y sus trayectorias escolares. La ecuación en la que subyace que una prueba que mida el desempeño sea igual al aprendizaje, impide considerar los matices que cada sujeto y cada sociedad poseen y que son inherentes a todo proceso de adquisición de conocimiento”, advirtieron.
El gremio porteño Ademys también se hizo eco de la polémica: “El objetivo es generar información sobre las escuelas para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su rol de garante de derechos. Así buscan justificar medidas de ajuste”.
