El vicecanciller Carlos Foradori aseguró en el Congreso de la Nación que las autoridades sabían del “megabasurero” desde, por lo menos, abril del 2014.
55 millones de toneladas de residuos peligrosos, una minera chilena y suelo argentino: el combo “perfecto” de un problema internacional que seguirá dando que hablar.
El escándalo ya se desató en el país trasandino: una serie de mails probaron que el Ministerio de Minería de Chile participó de una maniobra para colaborar con “Antofagasta Minerals SA”. La situación es grave: el gobierno trasandino autorizó en 2011 ubicar uno de los basureros de “Los Pelambres” en territorio argentino, gracias a la utilización de mapas oficiales con errores de mediados de la década de los ochenta.
Ahora, el segundo de Susana Malcorra en la Cancillería reveló que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sabía de los escombros, la basura y los químicos que se amontonaban sobre la montaña y las lagunas. Según Carlos Foradori, en agosto de 2014 se produjo una reunión entre las autoridades de Chile y Argentina, que mantuvieron el conflicto “en reserva”.
? “El río #Jáchal está mal: el agua no sirve por la contaminación y los elementos tóxicos” #SanJuan #Veladero https://t.co/nbljFbDT7X pic.twitter.com/rh3GV5Km6i
— Diario BA (@diariodeBA) 6 de octubre de 2016
“Se efectuaron tomas de muestras y los análisis efectuados por el Segemar, el Servicio Geológico Minero Argentino, encontraron niveles de metales considerados nocivos para la calidad de la vida acuática, para la potabilidad humana, para la bebida del ganado y para la irrigación. Esto corroborando resultados de una campaña anterior del Segemar que había tenido lugar en abril de 2014”, señaló el funcionario público según consigna InfoBAE.
Pese a la confirmación, el Segemar nunca publicó los estudios por orden del gobierno: uno de los pocos informes disponibles está hecho por la empresa SGS – la misma que trabaja para la Barrick Gold en Veladero – y niega la contaminación.
Por lo visto, la violación sistemática de la Constitución Nacional y de la “Ley de Residuos Peligrosos” no despertó ningún resquemor por parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. La de Mauricio Macri, mientras tanto, sólo se limitó a un intercambio de notas con las autoridades trasandinas.