El organismos recordó que la no intervención castrense en materia de seguridad pública viene siendo el pilar del sistema político e institucional democrático argentino.
Con el “Escudo Norte” y demás tareas de fronteras, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzó a desmarcarse de las leyes y los decretos que impiden que las Fuerzas Armadas adopten un rol activo en materia de seguridad interna.
El gobierno que inició Mauricio Macri parece querer ir todavía un poco más allá y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en la presentación de un nuevo documento sobre las implicancias de ello:
“El artículo segundo de la Ley de Defensa circunscribe con precisión el objeto de la defensa nacional a ‘la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar agresiones de origen externo.’ Distintos sectores han sostenido que el terrorismo y el narcotráfico pueden ser definidos como ‘agresiones de origen externo’ para justificar la intervención militar en estos temas. Sin embargo, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa y el derecho internacional circunscriben las amenazas de origen externo a las que pueden ejercer otros Estados”.
“La participación militar en las cuestiones internas es fomentada por los Estados Unidos desde la década del cincuenta como política para América Latina. Mientras que el eje estructurador de la ‘Doctrina de Seguridad Nacional’ era la existencia de ‘enemigos ideológicos’, el actual replanteo de las misiones castrenses y su legitimación se basa en la necesidad de enfrentar ‘nuevas amenazas’, entre ellas el narcotráfico, desde una perspectiva bélica. En la Argentina, la idea de que el ‘avance del narcotráfico’ es el principal problema de seguridad –aunque no haya ninguna investigación seria que lo confirme–, justifica esta perspectiva”.
“La institución militar está organizada para proteger al Estado de agresiones externas de otros Estados. Esta misión primaria e indelegable determina su tamaño, su poder de fuego y el entrenamiento que reciben sus integrantes. Las concepciones del uso de la fuerza de los policías y de los militares son por completo diferentes: además de tener mayor poder de fuego, los militares no están entrenados en el uso gradual de la fuerza, lo que explica que sus intervenciones tengan mayores niveles de letalidad. (…) Como ya se ha demostrado, las estrategias y tácticas de la guerra no han probado ser eficaces para la intervención en seguridad”
? Cuando todo se pone en disputa: Macri, Lopérfido, los desaparecidos y la “guerra sucia” https://t.co/KKe5rCI1hX pic.twitter.com/P70kMRq6Df
— Diario BA (@diariodeBA) 11 de agosto de 2016
“Desde el fin de la dictadura, se buscó democratizar a las fuerzas armadas mediante diversas estrategias (…) Durante sus primeros meses de gestión, el gobierno ha dado los mensajes contrarios. En vez de planificar la política de defensa sostuvo que ha llegado el momento de la reconciliación nacional, que las fuerzas armadas han sido ‘maltratadas’ y que deben volver a tener un rol preponderante. Estos argumentos son funcionales a la recuperación de un papel gravitante de las fuerzas armadas en el sistema político. Y, además, sobre estas ideas se montan sectores minoritarios de la sociedad que reivindican el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura o bien intentan relativizar la gravedad de las violaciones y debilitar el proceso de justicia”.
“Según las normas que regulan la actuación del Sistema de Defensa Nacional, no pueden considerarse amenazas a la integridad territorial las actividades de las organizaciones criminales de ningún tipo, aun cuando dichas actividades se concentren en las zonas de frontera. (…) Para salvar estos límites normativos, el debilitamiento del principio de demarcación opera por la vía de los hechos a partir del uso laxo del concepto de ‘apoyo logístico’ que las Fuerzas Armadas pueden a brindar a las fuerzas de seguridad en contextos determinados”.
“Hay un debate pendiente sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los objetivos de la defensa nacional en democracia que no puede saldarse con una orientación de la política por fuera del marco normativo actual, que podría tener serias repercusiones para nuestro país. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática”.
Para leer el informe completo del CELS: “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas”
