Una de las abogadas que se encuentra trabajando en las causas que investigan los asesinatos del “Pozo de Vargas” pidió visibilizar la situación para “frenar el miedo”.
“No fue un ataque solo a mí. En la zona somos cuatro abogados los que, en los últimos tiempos, hemos sido víctimas de atropellos que consideramos relacionados con nuestro trabajo con familiares de víctimas del genocidio. Hablar de hechos aislados cuando este es el tercer ataque que sufro en mi casa desde que comencé mi trabajo en relación con el Pozo de Vargas es muy ingenuo. Pensar que fueron meros actos de vandalismo; que rompieron las puertas de entrada de mi hogar para robar algún bien, cuando no han robado nada, no tiene sentido”, afirmó Laura Figueroa, abogada querellante en causas de lesa humanidad de Tucumán, en diálogo con Página|12.
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Respecto de quiénes cree que están detrás de los ataques, apuntó: “Me atrevo a decir que son los mismos sectores que siempre han dominado a los luchadores a través del miedo y la represión, que en todas las épocas han reprimido a los reclamos sociales, gremiales y políticos, los que detentan el poder económico y real en la Argentina”.
Sobre el “Pozo de Vargas” y la investigación: “En 2002 un grupo de familiares, peritos arqueólogos de la Universidad de Tucumán y yo iniciamos una investigación del predio y descubrimos allí la prueba más terrible, más macabra, que existe en todo el país del genocidio que se perpetró en Argentina. Es un pozo realizado en la época de los ferrocarriles para proveer de agua a las máquinas a vapor. Ese pozo es de aguas profundas, tiene 40 a 70 metros de profundidad. En estos momentos los arqueólogos están rescatando restos humanos en 34 metros de profundidad”.
“No existe antecedente en el mundo de una fosa común a tanta profundidad. Por lo tanto, el hecho de que una abogada haya sido tan dura con quienes intentaron frenar desde la Justicia el descubrimiento de este sitio, visibilizó fuertemente el hecho en los medios y pidió la colaboración de todo el mundo en el rescate de los restos allí enterrados, molestó y desagradó a los sectores responsables del genocidio en Tucumán“, agregó Figueroa.
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“La verdad es que fui víctima de persecuciones desde el 83 en adelante, no estoy en condiciones de decir que por este hecho puntual la situación haya empeorado. Sus responsables son los mismos de entonces. Lo que sí creo es que el discurso central político del gobierno nacional les ha dado luz verde, los ha envalentonado para que con tanta impunidad hayan entrado a mi domicilio a plena luz del día o que hayan hecho otros ataques en el resto del país. Me preocupa que desde algún lado del poder centralizado estén generando hechos de inseguridad y de miedo”, concluyó la abogada.
“Hay que entender que ha comenzado un momento nuevo en nuestra lucha: el de frenar el miedo. Por favor, no tenemos que tener miedo. En la medida que nuestro miedo crezca, ellos habrán ganado. Es difícil, pero lo vamos a lograr. Las autoridades provinciales deben ocuparse de que la sociedad tucumana no pierda los resortes que la empujan a seguir adelante. Y la Justicia Federal debe investigar qué pasó con los ataques que sufrimos”, concluyó.
