Junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y gremiales, el Observatorio de Derechos Humanos volvió a la carga contra las pistolas eléctricas.
A principios de año, la Corte Suprema de Justicia avaló el fallo que le permite a la Policía Metropolitana usar las pistolas Taser: el gobierno porteño buscaba su aprobación desde el año 2009.
Con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema decidió en ese momento no tomar intervención por razones formales en el anterior fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y desestimar el recurso de amparo presentado contra la utilización de las pistolas eléctricas por “prematuro”.
Casi seis meses después, y con el apoyo de sindicatos, organismos y referentes de derechos humanos, el Observatorio de Derechos Humanos se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que se prohíba el uso de las pistolas eléctricas Taser X26.
“El uso de armas Taser puede considerarse una forma de tortura” | https://t.co/pmqIep473j pic.twitter.com/x4ucQIJQ8o
— Diario BA (@diariodeBA) 3 de marzo de 2016
“La Corte Suprema de Justicia legalizó la tortura en la Ciudad de Buenos Aires y sentó el precedente para que cualquier gobierno provincial pueda comprar el arma”, había asegurado en su momento Carlos Pisoni, querellante contra el gobierno porteño.
“La experiencia demuestra que en numerosos casos el uso de este tipo de armas infringió normas internacionales sobre el uso de la fuerza, así como la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, añadió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Hace ya tiempo que el Comité de la Naciones Unidas contra la Tortura dictaminó que el uso de armas Taser puede considerarse “una forma de tortura” ya que su aplicación causa un intenso dolor pero no deja huellas ni marcas: se convierte, entonces, en un vehículo eficiente para disimular que la víctima ha sido torturada por personal de seguridad.
Amnistía Internacional tiene registradas, además, casi un millar de personas que murieron después de haber recibido una descarga de dichas pistolas. Nada de esto convenció a la Corte Suprema para no avalar el fallo judicial.
