En medio de la polémica por la cifra de desaparecidos, el rescate de archivos de inteligencia desclasificados apuntalan los argumentos de los organismos de derechos humanos.
A lo largo de los dos primeros años del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, el gobierno chileno le pidió a un agente de inteligencia informes sobre muertes y desapariciones en la Argentina.
Arancibia Clavel, oficial de inteligencia en el marco del “Plan Cóndor” envió distintos memorándums entre junio de 1976 y mediados de 1978 a sus responsables. Estos archivos fueron publicados por el periodista John Dinges en un libro del 2005 y recientemente desclasificados por los Estados Unidos.
En el documento de 1500 páginas, Arancibia escribe con su pseudónimo: “La lista que envío incluye muertes ‘oficiales’ y ‘no oficiales’. Obtuve la información del Batallón de Inteligencia 601, ubicado en Callao y Viamonte. (…) Los que se encuentran listados como NN son cuerpos imposibles de identificar: casi el 100% pertenecen a extremistas de izquierda eliminados por las fuerzas de seguridad. La lista de los muertos y desaparecidos desde 1975 a la fecha es de 22.000”.
Lo expuesto por Arancibia es revelador desde varios puntos de vista: por un lado, porque ya en 1978 se habla de una cifra cercana a los 30.000, lo que respalda los argumentos esgrimidos por organismos de derechos humanos. Por el otro, porque demuestra que el Terrorismo de Estado, las muertes y las desapariciones efectivamente comenzaron un año antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
? “Se confirma que el Terrorismo de Estado empezó un año antes del golpe”#SentenciaLaPerla https://t.co/tG0LoaYKvU pic.twitter.com/6yrMayuIJs
— Diario BA (@diariodeBA) 25 de agosto de 2016
Detrás las disputas por las cifras de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar se esconde una pelea mayor por el monopolio de la grilla de lectura del pasado reciente.
Movilizaciones, reproches, denuncias de organizaciones sociales y derechos humanos, repudios públicos en distintos actos y ámbitos: todo ese rechazo, constante durante meses, alcanzó el objetivo de que Darío Lopérfido, ahora ex titular del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, deje su cargo. A principios de año, el por entonces funcionario porteño aseveró sin pelos en la lengua: “En la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos: esa cifra se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsdidios”.
Cuando la discusión parecía volver a saldarse, Mauricio Macri arremetió con todo: “No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar”, aseguró el presidente en una entrevista en vivo para “BuzzFeed”, un medio norteamericano. “Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
Tras el rechazo y el repudio de amplios sectores de la población, el gobierno empezó a recular. En los últimos días, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, respaldó a organismos y víctimas del Terrorismo de Estado y pidió “respetar la cifra de 30.000”. Sin embargo, dejó abierta otra puerta al subrayar constantemente de que se trata de algo “simbólico”.
Graciela Fernández Meijide, en una entrevista rescatada por “InfoBae”, defendió los argumentos del gobierno y apuntó que los muertos y desaparecidos rondaban los 9.000. Esta cifra hace alusión a la confeccionada por la CONADEP en los comienzos de la “transición democrática”.
