La lógica entre lo privado y lo público tensiona y sacude a la Ciudad de Buenos Aires a lo largo y ancho de su territorio.
Los principales eventos, conflictos y discusiones que se desarrollan en el ámbito porteño tienen su marca indeleble: desde las muertes en la “Time Warp” y el predio ilegalmente concesionado de Costa Salguero hasta el cierre del “Polideportivo Colegiales” por tres semanas para la “Feria Masticar”; los negocios privados siguen – a veces tras bambalinas – marcando el ritmo.
A través de un estudio y recopilación de datos empíricos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el colectivo “Buenos Aires No Se Vende” encontraron que, desde el inicio de la gestión del PRO en la Capital Federal, se han privatizado más de doscientas hectáreas de tierra pública. 200 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires rematadas al ¿mejor? postor.
Entre algunas de las ventas más resonantes están: la “ley N° 3232 que autorizó la venta de tres predios conocidos como de Catalinas Norte (1,5 ha)”; la “ley N° 4.473 autorizó la venta del Edificio del Plata (0,5 ha)”; la venta de los terrenos de Casa Amarilla (3 ha); “el Shopping Distrito Arcos fue habilitado ilegalmente sin destinar parte de su predio a la Ciudad (1.5 ha)” y la nefasta ley N° 5.558 que creó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado y también autorizó la venta de los predios del Tiro Federal (17 ha).
La especulación inmobiliaria, la presión sobre los más desfavorecidos y las dificultades crecientes para vivir en la Capital Federal se agudizan con el correr de los años y la solución está lejos de plantearse desde las autoridades porteñas.
Según los números de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda porteño, la proporción de espacios verdes por habitante bajó de 6 metros cuadrados por habitante en 2006 a 5,9 en 2014.
“La privatización de tierras públicas, a través de su concesión o su venta, no sólo implica que algo que es de toda la sociedad pasa a ser explotado o utilizado por una parte de ella o uno de sus integrantes. También significa que el destino y el uso de dicho bien común tendrá como norte intereses individuales y no colectivos. Y que principalmente estos intereses individuales serán puramente económicos. Es decir, constituye un avance de la mercantilización de la Ciudad”, advirtieron en reiteradas oportunidades desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Por el momento, bajo las palabras “verde”, “eco” y “sustentable” sólo se esconde una nueva arremetida de negocios inmobiliarios que privilegian el cemento y la lógica privada por sobre lo público y comunitario.
