El juez federal Ernesto Kreplak decidió allanar el Hospital Penitenciario de Ezeiza en busca de documentación, historia clínica y datos del represor Miguel Etchecolatz.

Etchecolatz

El magistrado hizo lugar a la denuncia efectuada hace algunos días por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, quienes denunciaron irregularidades en los informes médicos elaborados por el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La situación está cada vez más difícil: organismos de derechos humanos y abogados querellantes de las causas por crímenes de lesa humanidad advirtieron que la resolución de los últimos días dispuso la internación de Etchecolatz en una clínica de Montegrande terminó demostrando que su “grave estado de salud” era impostado.

Según relataron a la prensa, cuando ingresó a la guardia se comprobó que estaba estable y que su cuadro no requería internación: por eso volvió al penal de Ezeiza. “Llamaba la atención la brusquedad de la baja, de 73 a 67 kilos en menos de una semana. No podía ser que estuviera estable con tanta pérdida de peso. Revisamos la documentación y un informe de abril encontramos que ya pesaba 67. O engordó después y ahora volvió a su peso o mintieron en el peso inicial de la huelga de hambre”.

En la presentación judicial, los fiscales señalaron: “En esta serie de desavenencias sobre el peso de Etchecolatz podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa por los funcionarios actuantes. La situación cobra especial interés toda vez que el peso resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”.

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