La megacausa “La Perla” comenzó el 4 de diciembre de 2012 y su sentencia se conoció 1359 días después: hubo 28 condenas a prisión perpetua.
En el camino de la investigación, la causa acumuló 20 expedientes, 716 víctimas (de las cuales 279 están desaparecidas y solo en 71 casos se recuperaron e identificaron los restos), 581 testigos y 43 imputados. Se trata de una “megacausa” porque incluye los crímenes cometidos en los centros clandestinos de “La Perla”, “Campo de la Ribera” y el “D2”.
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— Espacio Memoria (@espacio_memoria) 25 de agosto de 2016
Luego de tanto tiempo, el Tribunal Federal Número 1, a través de su presidente Jaime Díaz Gavier, pronunció el fallo sobre los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la última dictadura cívico militar.
Los magistrados rechazaron el pedido de nulidad de los represores y condenaron a Luciano Benjamín Menéndez a cadena perpetua, sumando otra a su negro historial. Afuera, mientras tanto, una multitud se concentró para seguir de cerca la lectura.
#SentenciaLaPerla primer condena para Barreiro, así se festejó afuera! Perpetúa!@izquierdadiario pic.twitter.com/tcNT2oOsXU
— Hernán Puddu (@HernanPuddu) 25 de agosto de 2016
Héctor Chilo, Santiago Martella, Jorge Gorleri, Jorge González Navarro, Luis Gustavo Diedrichs, Héctor Pedro Vergez, Ernesto Guillermo Barreiro, Emilio Morard, Arnoldo José López, Héctor Romero, Jorge Exequiel Acosta, Carlos Enrique Villanueva, José Hugo Herrera, Oreste Valentín Padovan, Ricardo Alberto Lardone y Juan Eusebio Vega también fueron los primeros condenados a prisión perpetua que, en total, suman 28. Hubo 5 absoluciones.
Todas estas condenas se deben, esencialmente, a las desapariciones forzadas que cometieron – incluso de menores – y los allanamientos ilegales perpetrados a la hora de secuestrar a las víctimas.
“La Perla”, nombre homónimo del pequeño pueblo en que está instalado, también era bautizada por los represores como “La Universidad”: con ironía, la llamaban así “por todo lo que allí se aprende”.
“Este proceso nos da la mayor manifestación de lo que fue el aparato represor del Estado en Córdoba”, señaló el fiscal Facundo Trotta en torno a la “megacausa”. “Se trató de la más cruenta, salvaje e inhumana represión ejecutada por quienes usurparon el poder formalmente el 24 de marzo de 1976, pero materialmente aún antes de esa fecha, con el deliberado objetivo de despolitizar y reducir a la ciudadanía para normalizar un momento histórico, percibido como amenazante para el orden social pero que, en realidad, era amenazante para el factor de poder vigente”, agregó.
“La Perla fue una fábrica de muerte concebida por una mente antihumana. Cuando entré me di cuenta de que esa máquina que se había puesto en marcha era mucho más grande de lo que habíamos imaginado”, testificó Piero Di Monti, joven militante del frente gremial del PRT y trabajador de Sancor, secuestrado en 1976.
“Estaba todo estructurado para que entrara gente secuestrada para ser matada o desaparecida, para crear terror en la sociedad o simplemente destruir”, añadió ante la mirada de jueces y fiscales cuando le tocó hablar en el recinto.
Hasta su clausura en 1978, pasaron por allí unos 3 mil prisioneros que estuvieron a merced del general Luciano Benjamín Menéndez (89) y su segundo, el general Juan Bautista Sasiaiñ, que murió en 2006 y también fue jefe de la Policía Federal durante la dictadura cívico-militar.
El “staff genocida” lo completaban el jefe de interrogadores, el teniente primero Ernesto Barreiro; y los secuestradores y torturadores Luis Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone, además de otros 40, entre oficiales, suboficiales y civiles.
La audiencia se desarrolló en los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba: entre los presentes estuvieron el gobernador Juan Schiaretti; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto y la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), María Cecilia Pando, reconocida militante en defensa de los represores, así como también distintos dirigentes de organismos de derechos humanos de la provincia, funcionarios y legisladores.
