El funcionario salió a negar que “haya retrocesos” en la política de memoria, verdad y justicia y confirmó que revisarán el caso del genocida.
“Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer”, aseveró el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en medio del repudio público por la posibilidad de que el represor cumpla condena en su hogar.
“Es mentira que hay una orden del gobierno para que la Secretaría de Derechos Humanos no apele las prisiones domiciliarias. Históricamente, la política de la secretaría fue presentarse sólo en casos excepcionales. De todas las prisiones domiciliarias que recibimos al asumir, sólo el 5 por ciento había sido apelado”, explicó.
“Además, el Código Procesal Penal permite que sólo apelen las fiscalías y no las querellas. Por eso se nos hace difícil intervenir en el caso de Etchecolatz”, agregó Avruj.
“La política de memoria, verdad y justicia sigue siendo una política de Estado. Somos parte querellante en 225 causas de lesa humanidad. Sería contradictorio que actuáramos para que haya justicia y condenas y que después hiciéramos lo contrario”, concluyó el secretario.
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— Diario BA (@diariodeBA) 22 de agosto de 2016
En las últimas horas, distintos organismos de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en la ex ESMA para hablar de los pedidos de prisión domiciliaria y los juicios.
“Si lo mandan a la casa, le vamos a contar a los vecinos que Etchecolatz es un torturador y un asesino. El escrache, si lo hay, va a ser muy distinto porque es un genocida probado por la justicia”, advirtieron desde HIJOS (Capital) en el comienzo del acto.
“Tenemos que recordar que son crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Costó mucho lograr las condenas. Por eso queremos que los juicios continúen. Y nada de prisión domiciliaria: son delitos de lesa humanidad”, señaló “Taty” Almeida ante los presentes en la Ex ESMA.
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Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, es quien lleva adelante los jucios por crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado.
“Es evidente que hay muchas presiones para terminar con los jucios. En el caso del diario ‘La Nación’ es explícita y lo hemos denunciado penalmente con dos colegas con quienes integrábamos el tribunal. En el mismo sentido, el diario ‘Clarín’ hace operaciones muy graves. Eso es también es parte del contexto. A mí me consta personalmente que son presiones y que son presiones indebidas”, denunció el juez.
