La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también salió al cruce de la resolución del máximo tribunal.
“Nos sorprendió muy negativamente el fallo de la Corte, no esperábamos que haga una división tan fuerte”, aseguró Vicente Lourenzo, secretario de prensa de CAME, en diálogo con Radio La Red.
“Yo como ciudadano voy a mi casa y estoy amparado porque las cosas no se hicieron ajustadas a la ley, pero salgo y voy a mi negocio de enfrente y no estoy amparado, a pesar de ser el mismo ciudadano”, señaló con dureza. “Nuestros abogados están trabajando a destajo para armar los argumentos jurídicos para que se extienda la anulación de la tarifa del gas. Queremos que sea retroactiva y que haya un análisis sector por sector”, agregó Lourenzo.
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— Diario BA (@diariodeBA) 19 de agosto de 2016
“Somos conscientes de que era muy baja la tarifa, pero hay sectores de uso intensivo del consumo eléctrico y otros que no. Un aumento del 500 por ciento puede representar el cierre de una empresa, como un fabricante de vidrios, pero no para otra que tiene solo dos hornallas y un calefón”, concluyó.
La resolución de la Corte Suprema, al alcanzar sólo a usuarios residenciales, dejó en el limbo a las pequeñas y medianas empresas y asociaciones civiles.
“El fallo esconde una trampa: el 74% de los usuarios deberá abonar el aumento. Este grupo está integrado por las pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas, los clubes de barrio, los centros culturales, los centros de jubilados y adultos mayores, y otros sectores”, sostuvieron en una conferencia de prensa desde la “Multisectorial contra el Tarifazo”.
