La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera que cumpla con la entrega de toda la documentación: el plazo expiró sin novedades.
Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente las clausulas del acuerdo con Chevron.
Los magistrados de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmaron hace algunas semanas el rechazo a planteos realizados por YPF: debe cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.
En su momento, indicaron que en caso de que no se entregue la documentación, debe librarse “mandamiento de secuestro” y remitirse “copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.
En medio de la polémica por la no presentación a indagatoria de Hebe de Bonafini en la causa por “Sueños Compartidos”, el papelón judicial y los “flechazos” cruzados por las partes; la ratificación de YPF de seguir por fuera de los parámetros de la ley pasó inadvertida: ya se cumplió el plazo fijado por los jueces para presentar los documentos y nada han hecho en esa dirección.
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— Diario BA (@diariodeBA) 20 de julio de 2016
Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.
Desde la firma del acuerdo en 2013, y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company y Chevron Overseas Company.
