Los querellantes pidieron que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, sea enviado a juicio oral y público.
A principios del mes de julio, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y el embargo de 600 millones de pesos del ex ministro de Planificación Federal por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta.
Ahora, la querella encabezada por María Luján Rey y Paolo Menghini pidieron formalmente por escrito que el actual diputado y Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), vayan a juicio oral.
“Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio“, señalaron Eduardo Farah y Martín Irurzun.
“Mientras Trenes de Buenos Aires acumulaba sanciones por incumplimientos contractuales ininterrumpidamente desde el año 2000, otras empresas habían sido apartadas de la explotación del servicio por presentar un cuadro de incumplimientos temporalmente menor. (…) Se le reprocha su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012”, agregaron.
