El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo fue requerido el 20 de junio de 2006 por la Corte Suprema a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. Nada se ha hecho aún.

Riachuelo II

“Las nuevas autoridades no han logrado, hasta el presente, establecer estrategias y acciones tendientes a romper la inercia de inacción y pérdida de liderazgo que ha caracterizado el accionar del Acumar”, expresó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“El año transcurrido ha sido el de mayor estancamiento en lo que hace a gestión del saneamiento; lo que incluye fundamentalmente a la gestión que finalizó su mandato en el mes de diciembre de 2015, pero de la cual no ha logrado escapar la actual administración”, advirtieron en un comunicado.

“Es la primera vez que las tres jurisdicciones que conforman la Acumar responden a un mismo color político, situación que generó, prima facie, una serie de expectativas vinculadas con la posibilidad de construir acuerdos más urgentes y efectivos. Sin embargo, los primeros meses de la gestión demuestran que las nuevas autoridades no han logrado cambiar esta tendencia”, agregaron desde la organización presidida por Andrés Nápoli.

“Esto quedó claramente evidenciado en las múltiples dificultades que impidieron la plena integración de la mesa directiva del organismo. Estas dificultados expusieron el grado de complejidad que existe para poder llevar adelante acciones coordinadas entre diferentes jurisdicciones, aun cuando los funcionarios provienen de un mismo espacio político”, remataron.

El abogado especialista en temas ambientales, Enrique Viale, ya venía alertando sobre el asunto: “Ni siquiera existieron políticas en torno al Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) está prácticamente desmantelada y era lo que permitía cierta visibilidad, al menos mediática, sobre el tema”.

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