No es casual que allí donde se toquen los intereses más concentrados y rentables haya muertes: el COPINH no para de lamentar la muerte de sus miembros y exigir justicia.
“Responsabilizamos al Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares, policiales y a todos las instituciones gubernamentales”, aseguraron desde la organización tras el crimen. “Urquía fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos”, agregaron.
“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista”, prosiguieron.
En marzo de este año, Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, además de una ferviente defensora de los derechos humanos, fue asesinada en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá.
Los lazos entre el gobierno, las empresas que buscan mantener sus negocios a costa de la población local y los asesinos quedaron a la vista cuando el sargento primero Rodrigo Cruz, de 20 años de edad, reconoció que el nombre de la ambientalista apareció en una “lista de blancos militares” distribuida por las formaciones especiales hondureñas entrenadas bajo el mando de los Estados Unidos.
Según el soldado, la lista contenía nombres y fotos de una docena de activistas ambientales y sociales: se las dieron a dos unidades armadas con el “objetivo de eliminarlos”. Al negarse a llevar adelante la misión, Cruz tuvo que dejar el país: “Si vuelvo me matan. Diez de mis compañeros están actualmente desaparecidos. Estoy 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el Ejército”.
